En esta entrega dejo por un momento los criptoactivos para ocuparme de la justicia digital, a partir de una reflexión que publiqué en LinkedIn y que aquí desarrollo con mayor detenimiento.
Resumen
Prometea, el sistema de inteligencia artificial que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha en 2017, suele citarse por lo que hace. Sostengo que su verdadero aporte está en otra parte: en la evaluación publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo en junio de 2020, que midió los tiempos de procesos concretos antes y después de su implantación.
Esa medición, junto con la Guía de transformación digital de la justicia que el BID publicó en 2025, permite extraer una lección de método: la inteligencia artificial descansa sobre una infraestructura semántica de datos y modelos documentales normalizados, y su utilidad solo puede demostrarse frente a una línea base medida antes de intervenir.
Para Venezuela, esa lección es una estrategia: empezar tarde permite adoptar tecnología madura sin heredar deuda técnica, a condición de medir primero.
Palabras clave: justicia digital, inteligencia artificial, Prometea, medición, infraestructura semántica, interoperabilidad, Venezuela.
1. Prometea: el entusiasmo y la evidencia
En 2017, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrolló Prometea, presentada como la primera inteligencia artificial puesta al servicio de una fiscalía en la región. Su función principal era automatizar tareas repetitivas: completar documentos a partir de datos del expediente, sugerir modelos de dictámenes y agilizar trámites estandarizados.
El entusiasmo fue inmediato. La evidencia tardó tres años más. Llegó en junio de 2020, con la publicación del BID Prometea: transformando la administración de justicia con herramientas de inteligencia artificial, firmada por Elsa Estevez, Pablo Fillottrani y Sebastián Linares Lejarraga.
2. Las cifras y lo que significan
| Proceso | Antes | Después | Reducción |
|---|---|---|---|
| Pliego de contrataciones | 90 minutos | 1 minuto | 99% |
| Requerimiento a juicio | 167 días | 38 días | 77% |
| Amparo habitacional con citación de terceros | 190 días | 42 días | 78% |
Fuente: BID (2020).
Conviene leer estas cifras con rigor. Corresponden a procesos seleccionados, de naturaleza repetitiva y estandarizable; no miden el desempeño global del sistema de justicia ni la calidad de las decisiones. Precisamente por eso son valiosas: muestran dónde la automatización rinde y permiten replicar el método en otros despachos.
3. El aporte que pasa inadvertido: medir
Medir un sistema judicial antes y después de intervenirlo es un trabajo lento, incómodo y sin épica. Exige identificar el proceso, definir la unidad de medida, registrar la línea base y repetir la medición con el mismo criterio tras la intervención. Pero es lo único que separa una política pública de una buena anécdota.
Sin línea base, cualquier proveedor puede atribuirse una mejora; con ella, la administración de justicia puede decidir dónde invertir, qué escalar y qué abandonar. Para un abogado que ha litigado durante décadas, la diferencia es evidente: el retardo procesal se denuncia con facilidad, pero rara vez se mide con método.
4. La capa que está debajo de todo
Hay un dato que me parece todavía más revelador. Pablo Fillottrani, profesor de la Universidad Nacional del Sur e investigador del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación (CONICET-UNS), no proviene del mundo de los modelos de lenguaje, sino del de la web semántica, las ontologías y la integración de datos heterogéneos. Es decir, de la capa que está debajo de todo lo demás.
No es casualidad. La Guía de transformación digital de la justicia que el BID publicó en 2025 incluye en su catálogo un componente de infraestructura semántica, integrado por un directorio maestro de datos judiciales y por modelos documentales normalizados. Sin esa capa no hay interoperabilidad entre tribunales, fiscalías y registros; no hay expediente digital real; y no hay inteligencia artificial que funcione de manera confiable.
De ahí la advertencia que, a mi juicio, conviene repetir en cada reunión de planificación: ningún asistente conversacional antes del sistema de gestión de casos. Primero la norma, los datos y la capacitación; la automatización, al final. Es la aplicación práctica del principio de progresividad que la propia guía del BID recomienda.
5. La oportunidad para Venezuela
Para Venezuela, esta lección no es un consuelo, sino una estrategia. Empezar tarde permite adoptar tecnología madura sin heredar quince años de deuda técnica: sistemas incompatibles, formatos propietarios y datos que nadie puede integrar. La guía del BID denomina este fenómeno leapfrogging o «salto de la rana»: la adopción directa de soluciones modernas sin recorrer las etapas intermedias.
Pero el salto exige una condición que no admite atajos: medir la línea base antes de tocar el primer proceso. Sin esa medición, cualquier modernización será indemostrable; con ella, cada mejora podrá defenderse ante los usuarios del sistema, ante los organismos financiadores y ante la propia comunidad jurídica.
6. Mis recomendaciones
Mida antes de intervenir. Seleccione tres o cuatro procesos repetitivos, defina la unidad de medida (minutos, días, actuaciones) y registre la línea base con un método que pueda repetirse.
Ordene las capas. Norma, datos, capacitación, sistema de gestión de casos y, solo entonces, automatización e inteligencia artificial.
Invierta primero en la infraestructura semántica. Un directorio maestro de datos judiciales y modelos documentales normalizados valen más que cualquier asistente conversacional sin datos confiables debajo.
Empiece por lo estandarizable. Los procesos que Prometea transformó eran repetitivos y de baja complejidad decisoria; allí la automatización rinde más y el riesgo es menor.
Publique los resultados. La evaluación independiente y abierta convierte una experiencia local en una política replicable y genera confianza en los usuarios del sistema.
Preserve la decisión humana. La herramienta propone; el funcionario decide y responde. La trazabilidad de cada documento generado debe quedar registrada.
7. Conclusiones
Prometea suele recordarse por su algoritmo, pero su lección más duradera es de método: alguien se tomó el trabajo de medir. Esa medición, unida a una sólida infraestructura semántica, es lo que permite distinguir la transformación digital de la justicia de la simple compra de tecnología.
Venezuela tiene la oportunidad de saltar etapas, pero solo si comienza por lo menos vistoso: conocer con precisión cómo funciona hoy su sistema de justicia. Sin línea base no hay mejora demostrable; con ella, cada inversión puede justificarse.
Cierro con la misma pregunta que formulé en LinkedIn: ¿qué mediría usted primero en su tribunal o despacho? Agradeceré conocer su opinión.
Referencias
Estevez, E., Fillottrani, P. y Linares Lejarraga, S. (2020). Prometea: transformando la administración de justicia con herramientas de inteligencia artificial. BID. DOI: 10.18235/0002378.
Hernández Carrión, J. L., Porrúa Vigón, M. Á., Baudino, M. F., García Mejía, M., Ortigosa Izquierdo, D., Barba Lobatón, J. M. y Ortiz Tovar, E. M. (2025). Guía de transformación digital de la justicia. BID.
Nota del autor: la advertencia «ningún asistente conversacional antes del sistema de gestión de casos» y el énfasis en la línea base son conclusiones propias, derivadas del principio de progresividad y del diagnóstico de situación actual que recomienda la guía del BID; no son citas textuales de esa obra.
Sobre el autor
Soy Andrés Elías Pérez Amundaraín, Doctorando UCAB, abogado especializado en derecho digital y criptoactivos, profesor universitario y Co-fundador de FinLegalTech Solutions. Fui Fiscal Auxiliar del Ministerio Público y abogado corporativo en sectores regulados como banca y telecomunicaciones.
En FinLegalTech Solutions asesoramos a usuarios, traders y empresas en bloqueos de cuentas y fondos en plataformas de criptoactivos, cumplimiento KYC/AML y preservación de evidencia digital.
Contacto: andres@finlegaltechsolutions.com · Instagram: @Dr.Cripto27
Este artículo tiene fines informativos y académicos y no constituye asesoría legal para un caso concreto.
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